El caso de las violaciones en Mazan ha provocado un profundo cambio en la sociedad francesa, hasta el punto de impulsar una posible modificación de la legislación sobre delitos sexuales en el país. Gisèle Pelicot, una mujer de 71 años que fue drogada y abusada durante más de diez años por su esposo, ha decidido que su juicio sea de acceso público, convirtiendo el caso en el centro del debate sobre el consentimiento sexual en Francia. Su marido, Dominique Pelicot, jubilado y residente en el sur del país, contactó por internet con más de 50 hombres para que abusaran de su esposa mientras ella se encontraba sedada. En estos momentos, algunos de esos hombres están siendo juzgados en el tribunal penal de Aviñón.
Este caso ha generado un profundo impacto social en Francia, llegando incluso a los despachos del gobierno. El pasado viernes, el ministro de Justicia, Didier Migaud, mostró su apoyo a la modificación de la definición de violación en el código penal francés para incluir el concepto de consentimiento sexual explícito. Esta posible reforma había sido mencionada previamente por el presidente Emmanuel Macron en marzo, quien expresó su deseo de que la modificación se aprobara antes de finales de año, aunque el proceso se detuvo tras la disolución de la Asamblea Nacional en junio.
Dudas sobre el consentimiento en el juicio de Mazan
Uno de los aspectos más llamativos del juicio de Mazan ha sido la postura de varios de los acusados, quienes manifestaron incertidumbre respecto al consentimiento de Gisèle Pelicot. Durante el juicio, algunos de los imputados expresaron que no estaban seguros de si la víctima estaba participando voluntariamente en un “juego parafílico” o si realmente estaba siendo violada. A pesar de que Gisèle estaba completamente sedada, ninguno de los acusados consideró necesario obtener su consentimiento antes de mantener relaciones sexuales con ella. Este hecho ha evidenciado una grave falta de comprensión sobre la importancia del consentimiento en los delitos sexuales.
Actualmente, el artículo 222-23 del código penal francés define la violación como “todo acto de penetración sexual, sea cual sea su naturaleza, o cualquier acto buco-genital, cometido sobre otra persona o sobre el autor por medio de violencia, coacción, amenaza o sorpresa”. Sin embargo, no se menciona explícitamente la necesidad de que la víctima otorgue su consentimiento afirmativo. Desde la década de 2010, y con el auge del movimiento #MeToo, la noción de consentimiento ha cobrado mayor relevancia, convirtiéndose en el eje central de los debates sobre agresiones sexuales.
Otros países europeos ya han incorporado el consentimiento explícito
Francia no es el primer país de Europa en considerar un cambio en su legislación sobre agresiones sexuales para incluir el consentimiento explícito. Suecia fue pionera con una ley vigente desde 2018 que establece que cualquier acto sexual sin un acuerdo claro constituye una violación, incluso si no hubo violencia o amenaza. España también aprobó en octubre de 2022 una normativa similar, que requiere consentimiento explícito para que una relación sexual sea legal. Otros países, como Grecia y Dinamarca, también han adoptado definiciones más estrictas de violación basadas en la ausencia de consentimiento.
Aunque en Francia ya se había comenzado a trabajar en esta reforma, el proceso quedó paralizado tras la disolución de la Asamblea Nacional. No obstante, el juicio de Gisèle Pelicot ha reactivado el debate, y algunos creen que podría acelerar la modificación del código penal. Este juicio no solo ha sido un hito emocional y social, sino también un catalizador para que Francia avance en la protección contra las agresiones sexuales.
Un juicio público y sin precedentes
Una de las decisiones más importantes de Gisèle Pelicot antes del juicio fue permitir que todas las sesiones fueran públicas, algo inusual en los casos de agresiones sexuales en Francia, que suelen llevarse a cabo a puerta cerrada para evitar el estigma social de las víctimas. En esta ocasión, Pelicot decidió que la prensa tuviera acceso completo a las audiencias y que pudieran informar diariamente sobre el proceso. Su abogado destacó que la víctima quería “cambiar de bando la vergüenza”, es decir, que fueran los agresores quienes sintieran la presión de la exposición pública.
Esta decisión ha tenido un impacto notable, ya que ha permitido que la sociedad francesa tome mayor conciencia sobre la gravedad de las agresiones sexuales y las limitaciones en los mecanismos de protección para las víctimas. Al mismo tiempo, ha reforzado la necesidad de reformar la legislación para incluir el consentimiento explícito como un requisito esencial en la definición de violación.
El desafío de la sumisión química
Otro de los puntos clave que ha surgido en el juicio ha sido el uso de sedantes para anular la voluntad de la víctima, lo que se conoce como sumisión química. En el caso de Gisèle Pelicot, los peritajes han revelado la falta de recursos en el sistema de salud pública francés, particularmente en la atención primaria, para detectar este tipo de abusos. Durante los años en que fue drogada por su marido, Pelicot experimentó pérdida de memoria, alopecia y episodios de depresión, pero ninguno de los médicos que la atendió pudo identificar lo que estaba ocurriendo.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los recursos sanitarios para detectar casos de sumisión química y ofrecer una mayor protección a las víctimas. Asimismo, ha subrayado la importancia de contar con una definición más clara del consentimiento en la legislación francesa, para garantizar que estos delitos no queden impunes y que las víctimas reciban justicia de manera adecuada.
El juicio de Mazan y la historia de Gisèle Pelicot han marcado un punto de inflexión en el debate sobre las agresiones sexuales en Francia, generando una presión creciente para modificar el código penal y mejorar la protección de las víctimas.
