La Fiscalía del Tribunal Supremo ha comenzado a investigar al eurodiputado Alvise Pérez por la presunta financiación irregular de su campaña electoral para las elecciones europeas de junio de 2024. Esta investigación se ha puesto en marcha tras una denuncia presentada por Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas, quien alega haber entregado 100.000 euros en efectivo al político en el marco de su campaña electoral, superando los límites establecidos por la ley de financiación de partidos políticos.
Denuncia y pruebas presentadas
El pasado 19 de septiembre, Romillo presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que luego fue remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que esta es la encargada de investigar a los eurodiputados. Además, se ha recibido una ampliación de la denuncia con más información sobre el presunto pago.
Según lo informado por Eldiario.es, Romillo sostiene que el 27 de mayo de 2024, pocos días antes de las elecciones del 9 de junio, entregó personalmente a Pérez la suma de 100.000 euros. Como evidencia, ha presentado una serie de mensajes intercambiados con el eurodiputado a través de la aplicación Signal, en los que se confirma tanto la entrega del dinero como la recepción por parte de Pérez. “Todo ok! 100.000 gracias, Luis”, habría sido la respuesta de Alvise, confirmando la transacción.
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos en España establece que las donaciones privadas no pueden exceder los 50.000 euros al año, y cualquier donación superior a los 25.000 euros debe ser notificada al Tribunal de Cuentas. Si se demuestra que estos fondos no fueron reportados, Pérez podría enfrentarse a cargos por financiación ilegal de partidos políticos, un delito que puede acarrear penas de uno a cinco años de prisión, según el Código Penal español.
Relación de Romillo con otros casos judiciales
Álvaro Romillo, fundador de la empresa de inversiones Madeira Invest Club (MIC), cerró su firma de manera inesperada recientemente, afectando a unos 3.000 inversores, quienes han presentado denuncias contra él por una supuesta estafa piramidal. Algunos de estos inversores han solicitado que la Audiencia Nacional amplíe su investigación al eurodiputado Pérez, ya que parte del dinero recibido podría estar relacionado con las actividades de Romillo. El abogado de los inversores ha pedido que se remitan las diligencias al Tribunal Supremo.
Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, ha detallado en su denuncia que su relación con Pérez comenzó en marzo de 2024. Según su relato, el político se puso en contacto con él para sugerir la creación de una “wallet” o cartera digital en la que sus seguidores pudieran hacer donaciones de manera anónima y cifrada. El propósito de estas donaciones, según el empresario, era recolectar información sobre presuntos casos de corrupción para ser usados judicial o mediáticamente.
Ante la necesidad de obtener más fondos para su campaña, Pérez habría solicitado a Romillo una cantidad mayor, lo que llevó al empresario a ofrecerle los 100.000 euros en efectivo, entregados en una de las sedes de su empresa, Sentinel. Según los mensajes presentados como prueba, Pérez agradeció la ayuda económica y se comprometió a promocionar las empresas de Romillo entre sus seguidores como forma de reciprocidad.
Posibles consecuencias legales
La normativa vigente en España prohíbe que personas físicas o jurídicas hagan donaciones superiores a 50.000 euros anuales a partidos políticos. Además, toda donación que supere los 25.000 euros debe ser reportada al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses. Si se confirma que estos fondos no fueron declarados, Pérez podría enfrentar graves sanciones por violar las leyes de financiación de partidos.
El artículo 304 ter del Código Penal sanciona la financiación ilegal de partidos políticos con penas que pueden variar entre uno y cinco años de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. De demostrarse las acusaciones, las repercusiones para Pérez y su agrupación, Se Acabó la Fiesta (SALF), podrían ser significativas, ya que en las elecciones europeas de 2024 lograron más de 800.000 votos y obtuvieron tres escaños.
Futuro del caso
La Fiscalía del Tribunal Supremo se encuentra analizando los documentos presentados y deberá decidir si hay suficiente evidencia para proceder con una investigación formal contra el eurodiputado. De manera paralela, el caso de Romillo ante la Audiencia Nacional por la presunta estafa piramidal podría proporcionar más información sobre el origen de los fondos utilizados para la campaña de Pérez.
Hasta la fecha, Alvise Pérez no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, y desde su partido tampoco se ha ofrecido ningún comunicado oficial. La investigación en curso será clave para aclarar si hubo o no irregularidades en la financiación de la campaña del eurodiputado y qué sanciones podrían derivarse de estas acusaciones.
Este caso reaviva el debate sobre la transparencia en la financiación de partidos políticos en España y subraya la importancia de un mayor control sobre las donaciones para evitar violaciones de la ley electoral que puedan comprometer la integridad del sistema democrático.
