Madrid, 25 de septiembre de 2024 (EFE).- El Ejecutivo español ha decidido retrasar la votación de la senda fiscal, un paso clave en el proceso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que inicialmente estaba prevista para este jueves. Esta decisión tiene como objetivo evitar una nueva derrota en el Congreso de los Diputados, similar a la que ocurrió en la votación previa, en la que el proyecto fue rechazado por la combinación de votos de PP, Vox y Junts. Este aplazamiento representa un desafío importante para el Gobierno, que se ve obligado a intensificar sus negociaciones con los grupos parlamentarios en un contexto político cada vez más complejo.
¿Qué es la senda fiscal?
La senda fiscal establece los límites de déficit y deuda pública que deben respetar las distintas administraciones del Estado en los próximos tres años. Este plan es esencial, ya que sienta las bases para la elaboración de los presupuestos del siguiente ejercicio. En este contexto, el déficit público se reparte entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con objetivos específicos para cada entidad.
España está bajo un sistema de control fiscal supervisado por autoridades nacionales y europeas, que exige que las administraciones mantengan el déficit dentro de unos límites para garantizar la sostenibilidad económica y financiera. Aunque estos límites pueden ajustarse según la evolución económica, la senda fiscal es un referente clave para la política presupuestaria del país.
Motivos del aplazamiento
En la votación de julio de 2024, el Gobierno sufrió un golpe significativo cuando el Congreso rechazó la senda fiscal con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts). Este resultado reflejó la creciente fragilidad del apoyo parlamentario al Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. Ahora, el Ejecutivo enfrenta una mayor presión para lograr acuerdos con otros partidos.
La aprobación de la senda fiscal es fundamental para avanzar en la elaboración de los PGE, ya que sin ella no se puede continuar con la planificación de los ingresos y gastos del próximo año. Ante esta situación, el Gobierno ha optado por posponer la votación, con el objetivo de ganar tiempo para asegurar el apoyo necesario, especialmente de Junts, un partido clave que ha mostrado reticencias en temas cruciales como este.
Implicaciones del retraso
El retraso de la votación tiene varias consecuencias inmediatas. En primer lugar, el Gobierno no podrá presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 dentro del plazo legal, que vence el 1 de octubre. Sin embargo, este margen puede extenderse, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de los presupuestos.
Si el Congreso no aprueba una nueva senda fiscal, el marco actual continuará vigente, lo que implicaría un control fiscal más estricto sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según el Ministerio de Hacienda, la senda fiscal vigente, diseñada en un contexto económico diferente, impone restricciones adicionales al gasto público, lo que podría generar tensiones con las administraciones locales y autonómicas.
Esta situación es especialmente delicada en un momento en el que muchas comunidades autónomas enfrentan presiones financieras debido al incremento de los costes en los servicios públicos y la recuperación económica posterior a la pandemia. La falta de una senda fiscal actualizada podría complicar aún más la planificación presupuestaria de estas administraciones.
El rol de Junts y las negociaciones cruciales
El Gobierno deberá intensificar las negociaciones con Junts, un partido catalán que se ha mostrado reticente a apoyar al Ejecutivo en cuestiones clave. A pesar de su historial independentista, Junts se ha convertido en un actor decisivo en la fragmentada aritmética parlamentaria actual.
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Además de Junts, el Gobierno necesitará asegurarse el respaldo de otros partidos minoritarios y regionalistas que han expresado dudas sobre la política fiscal del Ejecutivo. Estas negociaciones no solo son esenciales para la aprobación de la senda fiscal, sino también para garantizar la viabilidad de los presupuestos de 2025 en un Congreso dividido.
Posibles escenarios si no se aprueba la senda fiscal
Si no se logra aprobar una nueva senda fiscal, el Gobierno podría verse obligado a aplicar un marco más restrictivo, lo que dificultaría la ejecución de proyectos clave, especialmente en áreas que requieren un incremento del gasto público, como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Esto también podría intensificar las tensiones con los gobiernos regionales, muchos de los cuales ya han expresado su preocupación por la falta de recursos para cubrir sus compromisos financieros.
Además, la falta de una nueva senda fiscal podría afectar la confianza de los mercados internacionales, ya que los inversores estarán atentos a la capacidad del Gobierno para gestionar su política fiscal de manera efectiva. Un fracaso en la aprobación de esta medida clave podría aumentar la prima de riesgo del país y encarecer los costes de financiación del Estado.
El aplazamiento de la votación de la senda fiscal pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el Gobierno en un Parlamento fragmentado, donde las negociaciones con partidos clave son esenciales para la gobernabilidad. El Ejecutivo deberá buscar acuerdos con Junts y otros grupos para garantizar los apoyos necesarios. Si no lo consigue, podría verse obligado a aplicar un marco fiscal más restrictivo, lo que complicaría la gestión de los presupuestos y podría afectar la estabilidad económica del país en los próximos años
