Madrid, 11 de octubre de 2024 – La controversia en torno a la aprobación del Partido Popular (PP) de una reforma legal que podría permitir la liberación anticipada de algunos presos de ETA ha avivado tensiones internas y generado un intenso debate. Aunque la dirección del PP sostiene que sus diputados fueron “engañados” por el Gobierno, varios miembros de la Comisión de Justicia del partido han admitido que sí conocían los detalles de la votación, lo que contradice la versión oficial.
Ana Belén Vázquez, una destacada diputada en esta cuestión, ha defendido públicamente la decisión de apoyar la ley, que incluía una enmienda de Sumar. Dicha enmienda anulaba una disposición introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy, destinada a evitar que las penas cumplidas en el extranjero se consideraran para reducir las condenas de etarras en España. Vázquez ha explicado que el PP votó a favor porque la ley implicaba una “trasposición” de una directiva europea que era obligatoria.
Las explicaciones de Ana Belén Vázquez
Durante su intervención en el programa Todo es Mentira de Cuatro, Ana Belén Vázquez justificó el voto favorable del PP basándose en la Decisión Marco 2009/315 de la Unión Europea, que regula el intercambio de información de antecedentes penales y la validez de sentencias en los países miembros. Según Vázquez, los abogados de varios etarras estaban ganando sus apelaciones basándose en esta normativa, que permite que el tiempo en prisión fuera de España se contabilice en las penas impuestas en el país.
“El problema es que el Código Penal español establece un máximo de 30 años de condena”, señaló Vázquez, refiriéndose a las limitaciones legales en España que facilitan la reducción de las condenas de terroristas. Añadió que la trasposición de la directiva era obligatoria y que, aunque el PP hubiera votado en contra, la normativa seguiría aplicándose.
Discrepancias internas en el PP
A pesar de las explicaciones de Vázquez, la dirección del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido que el partido fue víctima de una “trampa” del Gobierno. Borja Sémper, portavoz del PP, declaró en rueda de prensa que el Ejecutivo había actuado con opacidad durante el proceso de tramitación, sin informar debidamente de las posibles implicaciones de la reforma para los presos de ETA.
“Nos inquieta profundamente esta jugada del Gobierno, que permite que etarras extremadamente peligrosos puedan salir de prisión sin cumplir sus condenas completas en España”, afirmó Sémper.
Lea también: Mercado de filtros de agua para refrigeradores
Por su parte, Feijóo ha acusado al Gobierno de intentar beneficiar a los presos etarras con el fin de asegurar el apoyo a Pedro Sánchez. “Es grave que el Gobierno introduzca esta reforma con la intención de liberar a terroristas condenados a cambio de mantener a Sánchez en el poder”, expresó el líder del PP.
La postura del equipo jurídico del PP
Fuentes cercanas al equipo jurídico del PP han respaldado las declaraciones de Ana Belén Vázquez, confirmando que los diputados eran conscientes de lo que votaban y que apoyaron la ley porque era una obligación derivada del derecho comunitario. Estas fuentes también señalaron que, aunque la enmienda de Sumar anulaba una disposición clave de Rajoy, la directiva europea debía cumplirse de cualquier manera. Sin embargo, consideraron que los efectos de la reforma podrían no ser tan graves como se está afirmando públicamente.
El debate sobre esta votación cobró más fuerza cuando el diario de sesiones del Congreso reveló que el 10 de septiembre, en la votación de la Comisión de Justicia, el PP respaldó el dictamen completo de la ley, que incluía la enmienda de Sumar. El resultado fue 34 votos a favor, incluidos los del PP, y tres abstenciones del partido Vox.
Respuesta del Gobierno
Desde el Gobierno, las acusaciones del PP han sido recibidas con escepticismo. Fuentes gubernamentales han defendido la legalidad del proceso de trasposición de la directiva europea y negaron que existiera cualquier intención de favorecer a los presos de ETA. Según estas fuentes, el Gobierno se limitó a cumplir con sus obligaciones internacionales conforme a la normativa comunitaria.
A pesar de las explicaciones tanto del PP como del Gobierno, la polémica no ha disminuido. La posibilidad de que algunos condenados por terrorismo puedan ver reducidas sus penas ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad, y el papel del derecho europeo en estas decisiones judiciales sigue siendo un tema de gran relevancia en el debate político español.
Impacto en la imagen del PP
La votación en la Comisión de Justicia ha desencadenado una crisis interna en el Partido Popular. Diversas facciones del partido han manifestado su descontento con la gestión de esta votación, y algunos temen que las explicaciones contradictorias puedan dañar la imagen del PP ante la opinión pública.
Mientras se continúa investigando los detalles de esta reforma, el PP sigue enfrentando interrogantes sobre su capacidad para manejar asuntos delicados relacionados con el terrorismo y la justicia, en su intento por mantener su posición como principal partido de la oposición en España.
La crisis derivada de esta votación resalta los desafíos que enfrenta el PP, tanto en su organización interna como en su relación con el Gobierno, en un contexto donde la seguridad y la justicia siguen siendo temas centrales en la política española.
