La crisis de vivienda aguda en España y los altos precios de alquiler están poniendo presión sobre el gobierno de coalición minoritaria del primer ministro socialista Pedro Sánchez, cuyas medidas hasta ahora han tenido escasos resultados, mientras la frustración entre los ciudadanos crece.
Protestas masivas en Madrid
Miles de personas protestaron el pasado domingo en Madrid para exigir más vivienda asequible, en medio del creciente descontento de los españoles que sienten que están siendo excluidos del mercado inmobiliario. Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”, los residentes marcharon por la capital española para demandar precios de alquiler más bajos y mejores condiciones de vida.
Según el gobierno español, aproximadamente 12,000 personas se manifestaron, aunque los organizadores estiman que fueron alrededor de 22,000 los que se concentraron en el centro de Madrid para expresar su enojo ante los costos crecientes y la escasez de nuevas viviendas, además de amenazar a los propietarios con una huelga de alquileres. Otras ciudades, como Barcelona y Valencia, también enfrentan amenazas similares de huelga por parte de inquilinos.
“Si un inquilino deja de pagar, el problema es de él. Pero si diez mil inquilinos acuerdan no pagar, el problema es de los propietarios y de los gobiernos que los respaldan. Eso es lo que consiste la huelga de alquiler a la que nos dirigimos”, escribió el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en la red social X (Twitter).
Crisis de vivienda en España
El acceso a la vivienda ha sido un enigma sin solución para los sucesivos gobiernos en España, que aún arrastra las secuelas del colapso del mercado inmobiliario de 2008, el cual estuvo acompañado por la recesión global. Según la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio del metro cuadrado en alquiler ha aumentado un 82% en la última década, una cifra que supera con creces el incremento del 17% en los salarios promedio durante el mismo periodo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto ha convertido la búsqueda de vivienda en una misión imposible para los hogares de bajos ingresos.
La situación se agrava por la escasez de vivienda social, que solo representa el 2.5% del total de viviendas en España, en comparación con un promedio del 9.3% en la Unión Europea.
Tensión con los aliados de izquierda
La crisis de vivienda ha puesto en aprietos al gobierno de Sánchez, que se enorgullece de defender a las clases trabajadoras, mientras las tensiones aumentan con los aliados de izquierda en el parlamento y los ciudadanos exasperados muestran cada vez más impaciencia. “Los alquileres nos están sofocando y nadie hace nada”, declaró el sindicato nacional de inquilinos.
Lea también: Mercado de homogeneizadores de haz láser
El sindicato CCOO afirmó que el acceso a la vivienda se ha convertido en una “fantasía para grandes sectores de la sociedad” y urgió al estado a consagrar el derecho a “una vivienda digna y adecuada” en la constitución.
Medidas del gobierno y sus resultados
El gobierno español introdujo una ley histórica en mayo del año pasado que planea aumentar la vivienda social, limitar los alquileres en áreas con mayor presión del mercado y establecer sanciones para los propietarios que mantengan sus propiedades vacías. Sin embargo, hasta ahora, la legislación no ha logrado frenar el incremento desmedido de los alquileres, que alcanzó un 10.2% interanual entre julio y septiembre, con picos del 15% en grandes ciudades como Madrid y Valencia.
El Banco de España estima que se necesitan 600,000 nuevas viviendas para finales de 2025 para satisfacer las necesidades de la población, pero se calcula que menos de 100,000 se construyen cada año. Esta situación ha generado un enfrentamiento entre el gobierno central y algunos gobiernos regionales responsables de implementar la nueva ley.
Sánchez defendió el récord de su gobierno el lunes, afirmando que había aumentado los recursos destinados a la vivienda ocho veces desde que asumió el cargo en 2018, aunque admitió que “no hay varitas mágicas” para resolver un problema “difícil”.
Iniciativas recientes del gobierno
El primer ministro subrayó que la vivienda sería la “prioridad absoluta” de su gobierno y expresó su deseo de evitar “una España con propietarios ricos y inquilinos pobres”. En este sentido, anunció un paquete de ayudas de 200 millones de euros para los jóvenes.
Lea también: Mercado de la cebada
Recientemente, el gobierno también anunció el fin de los llamados “visados dorados” que otorgaban permisos de residencia a extranjeros que invertían en bienes raíces, una medida que los críticos acusan de fomentar la especulación en las grandes ciudades. Asimismo, ha prometido endurecer las regulaciones sobre el alquiler de apartamentos turísticos, los cuales reducen el número de viviendas disponibles en el mercado, y acelerar la construcción de nuevas casas.
