Madrid, 10 de octubre de 2024 – El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la propuesta de disminuir la tasa de alcohol en sangre permitida para los conductores a 0,2 gramos por litro. Esta medida, impulsada originalmente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado un intenso debate en las últimas semanas y busca mejorar la seguridad vial en España. La iniciativa ahora dependerá de la aprobación del Gobierno y pretende alinear la normativa española con las vigentes en países como Suecia y Noruega, reconocidos por sus altos estándares en seguridad vial.
El pasado 12 de septiembre, Grande-Marlaska anunció públicamente la necesidad de abordar este cambio legislativo, afirmando que “la sociedad está preparada para este debate”, destacando la importancia de actualizar la normativa conforme a la creciente conciencia social sobre los peligros del consumo de alcohol al volante. La propuesta fue presentada en el Congreso como una proposición no de ley por el grupo socialista, logrando el apoyo mayoritario de los partidos.
Modificación de la normativa de seguridad vial
En la actualidad, la normativa en España establece una tasa máxima de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para los conductores en general y de 0,3 gramos para conductores noveles y profesionales. No obstante, esta nueva propuesta busca unificar dicha tasa a 0,2 gramos por litro para todos los conductores. Según expertos en seguridad vial, esta modificación permitirá reducir los riesgos en las carreteras, minimizando los efectos del consumo de alcohol, incluso en bajas cantidades, sobre los conductores.
Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como otras entidades de seguridad vial han mostrado su respaldo a la iniciativa, señalando que en países que ya han implementado esta normativa, la reducción de la tasa de alcohol ha demostrado ser eficaz en la disminución de los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Suecia y Noruega, que han adoptado este límite más estricto, han registrado una notable disminución en los accidentes de tráfico, y España podría beneficiarse de resultados similares si aplica la misma medida.
Pere Navarro, director de la DGT, señaló en declaraciones a la prensa que esta propuesta “es un paso imprescindible para seguir mejorando la seguridad en nuestras carreteras”. También añadió que, aunque las campañas de concienciación y los controles de alcoholemia han reducido el número de accidentes, “es necesario hacer más para alcanzar los niveles de seguridad vial que se observan en otros países europeos”.
Reacciones y debate en el Congreso
La aprobación de la proposición no de ley en el Congreso ha suscitado diversas reacciones entre los grupos políticos. Los partidos que respaldan al Gobierno se han mostrado unánimes en su apoyo a la medida, destacando la importancia de priorizar la seguridad de los ciudadanos en las carreteras. Pedro Casares, portavoz del grupo socialista en seguridad vial, calificó la iniciativa como “un avance crucial para proteger a los usuarios de las vías” y reiteró que es responsabilidad de las instituciones garantizar la seguridad vial.
Durante el debate parlamentario, aunque la mayoría de los partidos expresaron su apoyo, algunos sectores de la oposición plantearon dudas. El Partido Popular, a través de su portavoz en tráfico, expresó inquietudes sobre la implementación práctica de la nueva normativa, argumentando que “la reducción a 0,2 gramos por litro podría resultar excesivamente restrictiva para ciertos conductores”. Aun así, el partido apoyó la medida, con el compromiso de evaluar su efectividad tras un periodo prudente de aplicación.
Por su parte, Ciudadanos también se posicionó a favor de la medida, alegando que “reducir la tasa de alcohol es una cuestión de responsabilidad y sensatez”. Sara Giménez, portavoz de Ciudadanos, subrayó la importancia de seguir el ejemplo de otros países europeos que ya han implementado normativas similares con éxito.
Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico también han acogido la noticia con satisfacción, aunque han insistido en la necesidad de reforzar las campañas de concienciación y aumentar los controles de alcoholemia para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa. Ana Novella, presidenta de la Asociación de Víctimas de Accidentes (AVD), declaró que “esta medida es una victoria para las familias que han perdido a seres queridos en accidentes provocados por el alcohol. Pero no es suficiente con cambiar las leyes; necesitamos más control y educación vial para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo”.
Un modelo nórdico adaptado a España
La nueva propuesta se inspira en los modelos de Suecia y Noruega, países que ya han implementado el límite de 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre con resultados positivos. En ambos países, la normativa es rigurosa y los controles de alcoholemia son frecuentes, lo que ha contribuido a que sus tasas de mortalidad en carretera estén entre las más bajas de Europa. Este modelo ha sido presentado como un ejemplo a seguir en el Congreso para mejorar la seguridad vial en España, donde los accidentes relacionados con el alcohol al volante siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en las carreteras.
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De acuerdo con los datos de la DGT, en 2023, el 30% de los accidentes mortales en las carreteras españolas estuvieron relacionados con el consumo de alcohol o drogas, lo que subraya la necesidad urgente de implementar medidas adicionales para reducir estas cifras. La disminución de la tasa de alcohol en sangre es considerada una de las principales medidas que podrían contribuir a mitigar estas estadísticas, según los expertos.
Próximos pasos
Tras la aprobación de la propuesta en el Congreso, el siguiente paso será que el Gobierno estudie la medida para su aprobación en el Consejo de Ministros. Si la propuesta recibe luz verde, el nuevo límite de 0,2 gramos por litro podría entrar en vigor durante 2025, una vez que se hayan completado todos los trámites legislativos correspondientes.
En resumen, la aprobación de esta iniciativa en el Congreso representa un avance significativo en el objetivo de mejorar la seguridad vial en España, alineando al país con las normativas más estrictas de Europa en cuanto al consumo de alcohol y conducción.
