Madrid | 4 de octubre de 2024, 02:18 h.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dado a conocer este jueves una propuesta destinada a reformar el sistema de bajas laborales en España. El objetivo de esta reforma sería permitir que, en determinados casos, los empleados que se encuentran en incapacidad temporal puedan reincorporarse de manera voluntaria a sus puestos de trabajo. Esta iniciativa, que busca flexibilizar las condiciones para algunos perfiles de trabajadores, ha generado una fuerte oposición dentro del Gobierno de coalición, especialmente por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Saiz ha justificado la necesidad de reformar el sistema de bajas debido al notable aumento de las incapacidades temporales en los últimos años, lo que ha provocado un incremento considerable en el coste de estas prestaciones, llegando a niveles insostenibles tanto para el Estado como para las empresas. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2023 se registraron más de 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales en España, con un coste total de 25.326 millones de euros. De este monto, 13.081 millones fueron financiados por la Seguridad Social y los restantes 12.245 millones fueron asumidos por las empresas. Estas cifras representan un aumento del 74% en los últimos cinco años.
Propuesta para flexibilizar las bajas laborales
Saiz explicó que su propuesta se centra en la posibilidad de que los trabajadores, bajo supervisión médica y de manera voluntaria, puedan compatibilizar su baja temporal con una reincorporación gradual al empleo en casos específicos. Según la ministra, esta medida no solo mejoraría la recuperación de algunos pacientes, sino que también reduciría la carga económica sobre la Seguridad Social y las empresas. Entre los ejemplos citados por el Ministerio se incluyen a trabajadores que, a pesar de estar en tratamiento oncológico, podrían desempeñar su trabajo de manera parcial o total.
“Lo que proponemos es abrir una vía para que, bajo determinadas condiciones y siempre con el aval médico, los trabajadores puedan volver al empleo de forma progresiva. Esto sería completamente voluntario y garantizaría que la salud del trabajador sea la prioridad”, señaló Saiz durante su intervención.
Reacción en contra de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo
No obstante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó su rechazo inmediatamente a través de las redes sociales. La vicepresidenta segunda, quien además dirige el Ministerio de Trabajo, criticó la propuesta advirtiendo sobre el riesgo de “jugar” con la salud de los trabajadores. “La incapacidad temporal solo tiene un objetivo: proteger la salud de los empleados. No hay más opciones. Ni flexibilidad ni parcialidad; con la salud no se juega”, declaró Díaz en un mensaje publicado en X (anteriormente conocido como Twitter).
Desde el Ministerio de Trabajo se enfatizó que la incapacidad temporal es un derecho que debe garantizar la protección integral de la salud de los trabajadores. Además, cualquier intento de flexibilizar este derecho debe ser abordado desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. “La incapacidad temporal no es negociable y debe gestionarse con criterios estrictamente médicos y preventivos”, señalaron fuentes del Ministerio. Aunque dejaron abierta la posibilidad de estudiar reincorporaciones escalonadas en situaciones específicas, como tras enfermedades prolongadas, insistieron en que la salud debe ser la prioridad en cualquier modificación.
Impacto en el diálogo social
El anuncio de Saiz también sorprendió a los agentes sociales. Tanto sindicatos como patronales habían sido convocados a una mesa de diálogo sobre la prevención de riesgos laborales, pero la reforma se hizo pública antes de que comenzaran oficialmente las discusiones. Fuentes cercanas al diálogo social expresaron su descontento por lo que consideraron una falta de coordinación dentro del Gobierno, subrayando que una medida de esta magnitud requiere del consenso de todas las partes implicadas.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se mostró cautelosa ante la propuesta, afirmando que es necesario evaluar el impacto de cualquier cambio en el sistema de bajas sobre la competitividad empresarial y los derechos de los empleados. Por su parte, los sindicatos manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma, temiendo que los trabajadores puedan ser presionados para reincorporarse al trabajo antes de estar completamente recuperados.
El costo elevado de las bajas laborales
El trasfondo de esta polémica es el creciente gasto que las incapacidades temporales representan tanto para el Estado como para las empresas. Los datos de AMAT muestran que el coste de las bajas ha aumentado un 74% en los últimos cinco años, una cifra alarmante que se atribuye al envejecimiento de la población activa y al incremento de enfermedades crónicas y de larga duración, como el cáncer. Este aumento de los costes está ejerciendo una presión significativa sobre las finanzas públicas y los presupuestos de las empresas, que se ven obligadas a asumir su parte en el coste de las prestaciones.
Ante esta situación, desde el Ministerio de Seguridad Social recalcaron que cualquier cambio en la normativa se llevará a cabo con las garantías necesarias para asegurar que la salud de los trabajadores no se vea comprometida. “No se trata de obligar a nadie a volver al trabajo antes de tiempo, sino de ofrecer una alternativa para aquellos que, bajo prescripción médica, puedan beneficiarse de una reincorporación progresiva”, indicaron fuentes del Ministerio.
El debate, que apenas comienza, se perfila como uno de los más intensos en el contexto actual, ya que confluyen intereses económicos, sociales y de salud pública en un momento en que el sistema de protección social enfrenta grandes desafíos de sostenibilidad
